Cuál es el impacto de la promoción de una nueva Ley del Trabajo, bajo los paradigmas estudiados en el marco de la planificación y desarrollo del talento humano? Cuál es el efecto en los entornos laborales actuales?
Segunda Reflexión
Por : María Alejandra Terán
C.I: 11.611.770
La
reforma de la Ley del Trabajo ha sido un tema puesto en el tapete de la discusión
pública. Tal vez evaluar su impacto aún sea apresurado, porque el contenido no es definitivo. Lo que
de manera subrepticia se ha colado nos lleva a aseverar que entre los temas que más preocupan son los referentes
a la reducción de la jornada laboral, la retroactividad de las prestaciones, la
creación de un fondo nacional para las mismas y la inamovilidad laboral. No
cabe la menor duda que todos apostamos a una mejora en la calidad de vida; pero
la única manera de que esto sea sostenible es que sea producto de una política
integral que garantice también las condiciones para que los empleadores puedan
sustentar esas mejoras; no es posible garantizar un empleo estable si no hay
quien lo pueda generar.
En
ese orden de ideas, es útil traer a colación las cifras oficiales emitidas desde
el Banco Central de Venezuela (BCV) desde donde
es posible verificar datos en relación a la industria privada, datos, que
reflejan que se ha comenzado el año lentamente e incluso, con caídas importantes
en sectores clave como alimentos, prendas de vestir y sustancias químicas. Al
contrastar la producción de enero de este año con el mismo mes de 2011 la
industria, en su conjunto, muestra un pequeño avance de 0,4%, pero la
elaboración de alimentos y bebidas registra un importante declive de 6,9% y se
ubica en lo más bajo desde 2007. Y es que, un país con una alta
incertidumbre no puede ser buen blanco de inversiones; el asunto se agrava
cuando las industrias estatales, han demostrado su incapacidad de desarrollar
el aparato productivo nacional, lo que nos esclaviza hacia elevados índices de
importación en diversos rubros básicos.
Tras el marco descrito, es entendible la situación de
desconfianza y alarma que se manifiesta en todos los niveles en relación al
panorama que dibuja la reforma de la ley del trabajo, sobretodo en una año
electoral, pues es historia conocida la manipulación a que pueden someternos
nuestros gobernantes en función de apoyar “medidas” sin la consideración amplia
y rigurosa de elementos esenciales para la correcta y pertinente implementación
de tales medidas; de allí que, sea necesaria la revisión crítica de algunos de los aspectos
controversiales, para ello, se considera valioso la opinión de analistas de reconocida
experiencia profesionalismo, de modo que Francisco Allen, de datanálisis analiza así el posible recorte de la jornada: "se habla de una reducción de
8 a 6 horas laborables. Si ello se extrapola al PIB, podríamos hablar de una
merma de 25% en la capacidad de generarlo, a menos que se estimule incrementos
de productividad, que más bien se alejan con la nueva legislación o se
contraten nuevos trabajadores para compensar la merma, lo cual, además del
sustancial incremento de costos, se complica en un país con baja disponibilidad
de mano de obra calificada, lo que condena la capacidad de crecimiento". He
allí un panorama no favorable en un corto o mediano plazo.
No
obstante, es insoslayable que a simple vista desde la óptica del trabajador,
ésta propuesta podría lucirle atractiva: ¿quién no quiere ganar más por menos?,
pero lo importante es tener la conciencia de que ello durará hasta que la
afectación de sus fuentes de empleo hagan imposible el sostenimiento de su
trabajo y salario y se vean coartadas las posibilidades de absorción de sus
hijos y/o allegados al mercado laboral.
En relación
a la retroactividad de las prestaciones, este es un tema ampliamente discutido
en el pasado. El país quedó claro que su aplicación resultaba insostenible dadas
las condiciones de inversión y baja productividad. Pero su oferta de regreso,
en el medio de una fuerte inflación, puede resultar popular, aunque termine
impidiendo a las empresas incrementar nómina en el futuro y estimule el
crecimiento de los precios para poder honrar la cobertura de sus pasivos laborales,
de allí que el panorama que se pinte en ésta dimensión es: pocos con
relativamente buen ingreso por concepto de prestaciones y muchos “pasando trabajo” y
sufriendo el impacto de una alta inflación.
Por otra parte, la
creación del fondo nacional monopólico de prestaciones sociales es una barbaridad,
dada la amplia data de mala administración que han tenido los gobernantes de antes y de ahora; basta ver cómo los trabajadores salieron corriendo a retirar sus
prestaciones apenas se anunció la posibilidad de esta medida. Pocos quieren que
su dinero pase a un fondo "sin fondo", administrado a discreción por el Gobierno. En
éste caso, quienes defienden a ultranza tal postura, serán quienes recibirán el
dinero de los otros para “administrarlo”, en un sistema “controlado" que
pretende decidir cuándo le conviene al trabajador disponer de sus prestaciones
y cuándo no.
Finalmente,
la inamovilidad es una medida que desestimula la contratación, debido a que la
inflexibilidad les impediría reducir la nómina si en el futuro se ve
comprometida su viabilidad financiera. Pero además se limita el poder de
negociación de las empresas, creando un desbalance que afecta la productividad.
De tal manera que, aún cuando se nos pinte de color de rosa, en un año
electoral, una promesa populista puede
resultar atractiva, en el manejo del discurso todo beneficio es posible y
todos los sueños se harán realidad, no obstante, conviene estar atentos a las decisiones
e implementaciones, no vaya a ser que terminemos levantando la mano en apoyo a
nuestra propia crucifixión. María A. Terán
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